Etimológicamente la palabra Metafísica proviene del griego tardío μετὰφυσικά, que significa más allá de la física[1] y su objeto de estudio es lo inmaterial, de modo que la Metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, por lo tanto, intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad.
En este contexto, sería importante para los formuladores de proyectos (economistas), preguntarse sobre el sentido y la finalidad de la inversión pública, más allá de la obra pública; es decir, sobre lo inmaterial que está reflejado en el valor subjetivo que le asigna la sociedad a la inversión pública, además de las expectativas utilitarias de la población, empresarios, usuarios y públicos en general respecto de sus servicios.
Es los dos siglos de nuestra vida republicana, no se ha logrado superar el estado de atraso y subdesarrollo del país, de modo que la inversión pública ha sido insuficiente y en algunas zonas inexistente. Es decir, tenemos un Estado ausente; para corroborarlo solo necesitamos recorrer los barrios populares de Lima, de las ciudades y los pueblos del interior del país. Ya nada no nos sorprende, porque lo tomamos como un hecho natural las condiciones de pobreza, desempleo, carencia de servicios públicos, desorden, violencia social, mercados tugurizados e informales que ocupan las avenidas y las calles de las ciudades.
Es decir, se requieren obras públicas de calidad y políticas que respondan a las necesidades de los ciudadanos, sin embargo, y a pesar de ser un clamor de los ciudadanos, no ha sido posible imponer en la agenda de las autoridades un programa de inversiones que beneficie de verdad a la ciudadanía, lo que implica obviamente de adecuados estudios previos y un sistema de ejecución eficiente y transparente. No significa, bajo ninguna premisa, gastar el presupuesto sin las consideraciones de competitividad y eficiencia.
En este contexto, el gobierno nacional (Ministerio de Economía) transfiere recursos presupuestales a los gobiernos regionales y locales, a sabiendas que no tienen ni las capacidades humanas, ni la experiencia necesaria para asumir la ejecución de obras con la debida solvencia técnica, con el agravante que los gobiernos subnacionales han demostrado un alto riesgo de corrupción.
Es probable que fuera preferible corregir y mejorar los problemas de capacidades internas de los gobiernos subnacionales, antes de seguir transfiriéndoles recursos. La pregunta que el ministerio debería responder es la siguiente: ¿porque se transfirieren recursos presupuestales a instituciones que tienen un alto riesgo de caer en corrupción y sin la corroborada solvencia técnica y experiencia?
Estas políticas generan incertidumbre, no solo porque existe un alto riesgo de que se ejecuten mal y se paralicen las obras en el tiempo[2], sino también, porque son decisiones profundamente contradictorias con el discurso oficial de lucha contra la corrupción. Esta situación, además de ser paradójica, genera la extraña sensación de la imposibilidad del logro social a pesar de los esfuerzos sociales y la inversión pública que se pretende ejecutar. No queremos aprender …
La ausencia del Estado y carencia de obras públicas, genera desilusión del esfuerzo realizado y la sensación que haber sido insuficiente, situación que es aún más crítica en el sector rural, donde las instituciones del Estado están ausentes desde siempre, especialmente en las fronteras norte (Ecuador y Colombia) y oriente (Brasil y Bolivia)
Un ejemplo muy reciente es el déficit de infraestructura de protección contra las avenidas del fenómeno El Niño, que genera calamidades todas las veces que se presenta (destrucción de la infraestructura pública y privada). Esta incapacidad de los gobiernos para el planeamiento de la inversión pública, muestra una vez más que se requiere una profunda reforma del Estado, empezando, por las entidades involucradas con la inversión pública. No es posible que las autoridades responsables esperen estar con el agua en el cuello para empezar a planear el quehacer para proteger a la población y minimizar los efectos del fenómeno El Niño”, que es un fenómeno natural, cíclico y recurrente en las costas del Perú; es el amanecer de casi todos los veranos y estará siempre recordándonos que somos parte de la naturaleza.
Las autoridades esperan visitar las zonas de inundación solo después de que pasaron los eventos climáticos y lo aprovechan para pasear por las calles inundadas protegidas con paraguas o parasoles y botas especiales para no mojar las delicadas medias de nylon. Estas actividades gubernamentales son recurrentes, casi igual que el fenómeno El niño y me recuerdan los discursos de F. Belaunde, A. García, Fujimori, Toledo, Humala…, y por lo visto, los discursos y promesas no resuelven los problemas[3],
En el año 2017 (gobierno de PPK) se creó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) como entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con alta presencia y asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Aparentemente, adscribirlos a la PCM es un contrasentido técnico, porque la PCM es un ministerio profundamente político y de coordinación con todos los sectores (ministerios), en tanto, que la ARCC se supone que era una entidad técnica y especializada, que debería de estar adscrita a un ministerio con capacidad de hacer obra pública (Transportes, vivienda, agricultura). Especialmente después de los hechos de corrupción conocidos y que fueron liderados por las autoridades políticas, al extremo que tenemos en cárcel tres expresidentes (Fujimori, Toledo, Castillo), otro que se suicidó (García) y dos más con detención domiciliaria (Humala y PPK).
En este contexto, el gobierno de la presidente Boluarte ha decidido crear (cambiar de nombre) una nueva institución y reemplazar a la famosa Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC) por la denominada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) que se hará cargo de las obras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad y obras emblemáticas
Al respecto, el Perú, es un país diverso (poliédrico), con pequeños centros de poder locales y regionales que aseguraron la cuasi crisis permanente del país a lo largo de la república, de modo que no es una casualidad la violencia ocurrida después del frustrado golpe de Estado del expresidente Castillo (diciembre 2022-marzo 2023).
No es lo mismo Tumbes que Tacna, Puno, Madre de Dios, Iquitos, Cusco o Junín, cuyas dinámicas económicas y sociales no siempre se corresponden con la modernidad y usos de Lima, la capital. Mientras en el interior del país se carece de casi todo (en pleno siglo XXI y después de dos siglos de república); en Lima algunos sectores de la capital tienen muy poco que envidiar a las capitales europeas, sin embargo, muchos de los distritos populares de Lima se parecen más a Haití o algunos países africanos o de Centro América que a los distritos de las clases altas limeñas. Estas desigualdades se explican en parte por el déficit de infraestructura pública.
Además, Lima es el centro político y económico del país, donde están concentrados los tres poderes del Estado y donde se definen y coordinan las principales políticas de Estado, y dentro de ellas, las políticas de inversión pública en el marco de una economía abierta, donde las empresas transnacionales tienen un rol relevante en el comercio internacional y la inversión directa extranjera. En razón de ello, el país tiene aprobado el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ha priorizado 52 proyectos por un valor de 363,000 millones de soles (aprox. 100,000 millones de dólares).
En este contexto, los países en desarrollo (Perú, Chile, otros) pugnan y compiten por brindar privilegios a la inversión privada extranjera bajo determinados principios, reglas y garantías del Estado para la remisión de utilidades al exterior, además, de los compromisos con los organismos de la cooperación internacional, de modo que cumplir con las obligaciones externas es fundamental para la estabilidad económica y financiera del país.
Somos parte de un sistema internacional muy competitivo, lo que implica la necesidad de cumplir con las obligaciones de deuda externa y otros compromisos, muchos de los cuales copan los presupuestos públicos (caso de la deuda de Argentina con el FMI), de modo que los presupuestos para la inversión pública interna, vienen a ser de alguna manera el saldo de los compromisos del presupuesto público con el exterior.
Pregunta: ¿Por qué los gobiernos cumplen con los compromisos externos y no cumplen con los compromisos internos? ¿Cuál es el problema de esta paradoja?
Al respecto, se podría inferir que, luego de las elecciones y juramentado el gobierno en su conjunto (poder ejecutivo y legislativo), los ciudadanos dejan de ser una prioridad para el gobierno elegido, de modo que las políticas públicas se estructuran en función del poder real y los compromisos institucionales del Estado. Los ciudadanos solo son importantes durante las campañas electorales; después de las elecciones, los ciudadanos se hacen invisibles con el arte y la magia de las comunicaciones.
En el caso peruano tenemos una gran paradoja. Por un lado, una situación financiera relativamente equilibrada, y por otro un extraordinario déficit de infraestructura pública. Es decir, el país debería de estar abocado a resolver los problemas infraestructura, para lo cual es fundamental una entidad especializada, transparente, competitiva, técnica y con rango ministerial, como por ejemplo un Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, con funciones, competencias y responsabilidades nacionales.
Mejorar la performance del Estado es una prioridad para el país y no se requiere cambiar la Constitución de 1993 y además se pueden evitar los altos niveles de corrupción existentes. No hay que olvidar que los costos de la corrupción[4] oscilan entre el 2% al 4% del PBI, de modo que en el año 2021 probablemente el costo de la corrupción haya oscilado entre US$ 4,462 millones y US$ 8,924 millones (digamos, un promedio de US$ 6,693 millones) con el agravante que los recursos de la corrupción van a parar en cuentas privadas de los paraísos fiscales, hecho que dificulta las investigaciones fiscales.
Otro gran síntoma que acompaña a nuestro sistema de inversión pública, es la incapacidad de aprendizaje de las autoridades y funcionarios públicos, que tienen la creencia y la buena fe de que las normas legales resuelven los problemas reales; además, pareciera que el país se ha resignado a soportar equívocos de parte de la autoridad, que no hay forma de controlar la aparente impunidad de muchas decisiones equivocadas y/o orientadas al aprovechamiento de cuasi rentas de la inversión pública; por ejemplo, facilitar contratos a empresas amigas del gobierno de turno o evitar la plena intervención de la Contraloría General de la República en los procesos de selección y calificación de los concursos públicos y licitaciones públicas y/o en los convenios y/o contratos que se realizan en el marco de los convenios de gobierno a gobierno o de los contratos de gobierno vía organismos internacionales, entre otros.
El gobierno, tiene la obligación de impulsar el crecimiento de la economía nacional, tienes a su favor los instrumentos de políticas públicas e incluso la cooperación internacional, para lo cual debe poner en marchas todas las capacidades nacionales, públicas y privadas sin excepción, en un marco de transparencia e igualdad de oportunidades. Joan-Paul Sartre decía: “somos lo que hacemos, con lo que han hecho de nosotros”.
¡Creo, que es tiempo de construir un país para todos y honrar nuestras propias existencias¡
08 de mayo 2023,
Elmer Amador Monteblanco Matos
[1] El origen de este vocablo se atribuye a Andrónico de Rodas (siglo I), quien, al ordenar los libros de Aristóteles, no consiguió clasificar los que componen la Metafísica dentro de la Lógica, la Moral o la Física, de modo que resolvió ponerlos después de aquellos que trataban de la Física.
[2] Al mes de diciembre de 2022, se registraron 1879 obras por un valor superior a 21.595 millones de soles https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/3868032-reporte-de-obras-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-diciembre-2022
[3] salvo en el caso de Fernando Belaunde que reconstruyó el norte del Perú después de las lluvias de 1982-83 y cuyas obras estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo – INADE-
[4] Contraloría general de la república y Quiroz (Historia de la corrupción en el Perú)
