La presidente del Perú, señora Dina Boluarte, debe estar en una encrucijada existencial de primer orden. Es probable que esté tratando de hacer lo mejor que puede desde la Presidencia de la República. Las voces de las izquierdas arguyen que está en manos de la denominada derecha bruta y achorada y las voces de las derechas le atribuyen el ser heredera de Castillo, parte de su fórmula presidencial, sin embargo, la apoyan, bajo el argumento de la continuidad constitucional.
La presidente Boluarte es la novena presidente[1] desde la elección de A. Fujimori, que fue elegido con la constitución de 1979 y después de autogolpe de estado (05-04-92) fue elegido y reelegido previa interpretación autentica con la constitución de 1993 (actualmente vigente), hasta que renunció por fax desde Tokio – Japón (19 nov 2000) y actualmente sufre condena de 25 años de prisión; sin embargo, su partido político liderado por su hija, que ha sido candidata a la presidencia de la república en tres oportunidades y en las que las perdió : O. Humala (2012), PP Kuczynski (2016) y P. Castillo (2021) sigue teniendo importante vigencia en el país.
La vigencia del fujimorismo en las elecciones generales y su incapacidad de asimilar las tres derrotas electorales para el cargo de presidente, ha generado un rencor adolescente en sus dirigentes, de modo que inexplicablemente, a pesar de haber tenido alta representación congresal en tres gobiernos (Humala, Kuczynski y Castillo) han optado por liderar una oposición destructiva con el país y por lo tanto, son tan responsable como los propios gobiernos en los que fueron oposición. El gobierno, no es solo el ejecutivo, también lo es el poder legislativo y judicial, de modo que los tres poderes del Estado son responsables de los éxitos o fracasos del país.
Los resultados más saltantes de esta sistemática oposición desde el parlamento (APRA – Fujimorismo) los gobiernos de turno fueron determinantes por sus mayorías relativas. Esta oposición podría se resumen en lo siguiente: i) no se dieron leyes desde el legislativo que efectivamente combatan la corrupción; ii) no se generó desde el parlamento una cultura ética de la política, por el contrario, los tres últimos congresos de la república fueron guarida de algunos parlamentarios que se protegían de la justicia en los fueros parlamentarios; iii) el fujimorismo generó la mercantilización de la política al interior del congreso, hecho que se evidenció con transfuguismo parlamentario; iv) no propició una adecuada política impositiva y por el contrario, permitió una baja presión fiscal, de modo que el Perú es uno de los país con menor presión fiscal de la región. v) contribuyó con la inestabilidad política del país por el abuso y uso indiscriminado de la censura de ministros como modus operandi del quehacer parlamentario; vi) se opuso a cualquier intento de industrialización del país y desincentivó la creación de empresas públicas en sectores estratégicos de la economía; vii) propició la desnacionalización de las empresas nacionales (privatización ciega) y el tratamiento privilegiado a empresas transnacionales, que no necesariamente requerían esos privilegios debido a las ventajas competitivas del país.
En consecuencia, la crisis institucional y de violencia social extrema que se ha generado después del intento de golpe del Estado de P. Castillo, debe ser considerado como una respuesta social reactiva e instintiva a la implantación de un Estado indiferente con el bienestar social en base a un modelo económico excluyente en muchos aspectos, especialmente, en la política tributaria.
Este modelo, que se inició con el golpe de Estado de Alberto Fujimori y la implantación de su régimen corrupto se ha sostenido en el tiempo a pesar que los personajes han cambiado, muchos de ellos están en las cárceles, sin embargo, la estructura general del funcionamiento corrupto del Estado se ha mantenido y explica la alta corrupción a pesar de los cambios de gobierno. Obviamente, en el régimen de Fujimori, se privilegió la participación del sector privado en todas las áreas de la economía, por lo tanto, la política no podría ser la excepción, de modo que la privatización del Estado, como estrategia de gestión del gobierno, también alcanzó a las organizaciones políticas. Se crearon organizaciones políticas promovidos por empresarios y emprendedores, lo que significó que los partidos políticos tradicionales, normalmente portadores de ideologías como el APRA (Víctor Raúl Haya de la Torre) o Acción Popular (Fernando Belaunde Terry) fueron desplazadas por organizaciones políticas aparentemente no ideologizadas: Perú Posible (Alejandro Toledo), Partido Nacionalista Peruano (Ollanta Humala), Avanza País (Acuña), etc., que además, accedieron al poder (Toledo y Humala).
A su vez, el desprestigio de los partidos políticos nacionales, generó en la población la búsqueda de otras alternativas políticas, en consecuencia, se conformaron múltiples movimientos regionales que compiten en cada una de las regiones (departamentos) con los partidos políticos nacionales, lo que a su vez ha generado la balcanización de la política. Para las elecciones de 2022, se inscribieron 10 partidos políticos nacionales y 85 movimientos regionales[2]. Si a esta situación de balcanización de la política, se le agrega el fracaso de la descentralización y de la regionalización adornado de la alta corrupción de autoridades y funcionarios públicos, podemos estar seguros que el Perú, está en un proceso de retroceso relativo, desde el punto de vista institucional, respecto de algunos países de la región (Chile, Colombia), al extremo que la estructura de corrupción se ha mantenido en el tiempo, por lo tanto, no es una casualidad que tengamos siete presidentes corruptos y además elegidos por la ciudadanía (Fujimori, García, Toledo, Humala, PP Kuczynski, Vizcarra, Castillo).
Los gobiernos regionales no son, ni han sido tan eficientes como podría haber sido una administración centralizada y eficiente, con adecuados recursos humanos y estándares con protocolos de cumplimiento de metas específicas para la inversión pública; hecho que no ha sucedido, por la heterogeneidad de los gobiernos regionales y porque la descentralización simplemente ha significado la transferencia a los denominados gobiernos regionales, de todos los vicios existentes del gobierno nacional incluso sin presupuestos y ninguna virtud. Los ejemplos sobran, se tiene 19 de 25 (76%) gobernadores regionales están siendo investigados por actos de corrupción[3].
Asimismo, la descentralización implicó la transferencia de las responsabilidades más importantes de la gestión pública a los gobiernos regionales: Salud, Educación e infraestructura, de modo que el gobierno transfirió todos los riesgos de la gestión del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, que no estaban en condiciones de asumir responsabilidades y, además, de cumplir con los mínimos protocolos de calidad necesarios para la provisión de dichos servicios. El fracaso es evidente: insuficiente calidad educativa, pésima salud y obras públicas paralizadas.
Entonces es lícito peguntarse: ¿Cuál es el principal problema que afronta el país al mes febrero del 2023? Cualquier respuesta relativamente seria, pasa por considerar que la situación actual es resultado de un gran descontento social del interior del país, de los barrios pobres de las ciudades, especialmente de la ciudad de Lima, de modo que bonanza económica de los años previos (propagandizada por los gobiernos de turno y por los medios de comunicación) han sido insuficientes para resolver los problemas estructurales de la economía y para generar empleos necesario a fin de eliminar la pobreza; para corroborarlo, solo se necesita recorrer los barrios populares de Lima y de las ciudades del interior del país, donde la pobreza urbana alcanza el 20% y la pobreza rural supera el 50% según fuentes del INEI para el 2020. Para el 2021 l situación ha desmejorado aún más.
Nos preguntamos: ¿por qué, el crecimiento económico y la bonanza de las cifras macroeconómicas de los últimos treinta años (1990-2020) no han sido suficientes para afrontar con seriedad el desarrollo económico del país? La respuesta es obvia, quienes gobernaron el país nunca estuvieron interesados en resolver los problemas estructurales que nos acompañan, de modo que, solo cumplieron con las formalidades del poder, acompañados por poder mediático que trabajó para los diferentes gobiernos que se turnaron. No podría esperarse otra cosa de estos gobiernos (Fujimori, García, Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Castillo) que terminaron sus mandatos, investigados y/o acusados de corrupción.
En este contexto, la presidente Boluarte y el Congreso de la República, deben tomar decisiones importantes. La presidente Boluarte, no debería renunciar, porque sería doblegar el Estado de derecho a violentistas que, sin ninguna capacidad de dialogo, solo buscan generar caos y finalmente destruir el sistema democrático que, a pesar de sus fallas, es mejor que el abismo desconocido. El Congreso de la República debe aprobar una fecha de adelanto de elecciones en el menor plazo posible, solo con el aseguramiento de elecciones internas en las organizaciones políticas y la prohibición que los actuales congresistas y ministros que participaron del régimen (P. Castillo y D. Boluarte) actual puedan participar en las elecciones a convocarse; además, ningún ciudadano con denuncias, investigaciones y condenas judiciales debería participar como candidatos a ningún cargo público.
Miraflores, 5 de febrero 2023
Elmer A. Monteblanco Matos
[1] A. Fujimori, A. García, A. Toledo, O. Humala, PP Kuczynski, M. Vizcarra, M. Merino, P. Castillo, D. Boluarte y la sexta presidente desde las elecciones de PP Kuczynski
[2] https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/595180-10-partidos-politicos-y-85-movimientos-regionales-registraron-candidatos-a-delegados
[3] https://ojo-publico.com/3680/el-84-de-gobernadores-regionales-son-investigados-por-corrupcion
