Reflexiones en torno al plan «Punche Perú»

Gestión de la coyuntura en un gobierno de transición

La gran mayoría de los ciudadanos esperan que el gobierno de la presidente Dina Boluarte, logre encaminar el país por la senda del crecimiento económico y la estabilidad política, tan necesarias en los momentos actuales; no solo para devolverle al país la tranquilidad y racionalidad de las políticas públicas, sino también, para que los procesos políticos no se enturbien aún más y pueda convocar a nuevas elecciones.

El Plan Punche Perú, es un programa de inversiones orientado a superar los problemas del relativo estancamiento económico (tasas menores de crecimiento), además, pretende resolver vía subsidios las demandas de las poblaciones más vulnerables[1] . Estas políticas deben ser evaluadas concienzudamente a fin de evitar la improvisación de la gestión precedente (P. Castillo). Al respecto, sería muy interesante que la ciudadanía conozca los éxitos de estos programas en caso hayan sido evaluados.

El gobierno actual, está llamado a mejorar la gestión de los proyectos públicos, para lo cual es importante asegurar una mayor transparencia en la gestión pública y alta disposición en la lucha contra la corrupción; hecho, que será fundamental para el crecimiento económico y el éxito del gobierno de la presidente Boluarte.

Asimismo, son imprescindibles las coordinaciones con los actores políticos regionales y locales, incluyendo al sector privado dentro de una estrategia de interacción por el bien común y la paz social, donde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberían liderar las acciones para asegurar inversiones públicas y privadas sin corrupción, con alta transparencia y rendición de cuentas.  Esta Estrategia debería ser el núcleo de las principales acciones del gobierno en sus interacciones con los gobiernos subnacionales a fin de asegurar una adecuada gobernanza para el país.

Los hechos de la violencia social y los bloqueos de las vías de comunicación en el interior del país son inaceptables en cualquier país civilizado, de modo que el gobierno está en la obligación de garantizar la continuidad de las actividades productivas que requiere el país. Si no funcionan los mercados regionales y locales que son fundamentales en la generación de oportunidades de trabajo y de una digna sobrevivencia de los más pobres y pequeños productores, de nada sirven las grandes políticas; en consecuencia, el gobierno debería enfocarse en la coyuntura actual, principalmente, en la microeconomía de las provincias.

Los gobiernos locales y regionales, son fundamentales para el funcionamiento de las ciudades y para la ejecución de los proyectos de cierre de brechas (salud, vivienda, saneamiento, otros), de modo que su cooperación con el gobierno nacional es imprescindible para el logro de una gobernanza inclusiva que el país reclama.

Así mismo, es importante gestionar la capacidad del Estado para la pacificación del país y demostrar con hechos que el gobierno tiene voluntad política y capacidad operativa necesaria para estabilizar y retomar la senda del crecimiento económico. Un relacionamiento, propositivo de los tres niveles de gobierno, mediante el apoyo técnico a los gobiernos subnacionales visibilizará al gobierno nacional como un gestor preocupado del desarrollo y de la superación de la pobreza; además, se evidenciará que el Perú es una república unitaria y su gobierno construye ciudadanía y bien común para los peruanos.

[1] De forma excepcional y por única vez se otorgará una subvención adicional extraordinaria de S/ 200, S/ 250 y S/ 300, a favor de las personas pobres y/o pobres extremos, usuarias del Programa JUNTOS, PENSIÓN 65 y CONTIGO; Costo: S/ 400 millones; además del programa de Ollas Comunes S/. 100 millones para financiar 3355 ollas ( S/. 29,806.25 por olla)y 224,000 beneficiarios (S/. 446.43 por beneficiario).

Reactivación de la economía regional y sectorial

El Perú, es un país resiliente por antonomasia, no en vano, tenemos dos siglos de crisis sistémica, olvido del interior del país, crisis de pandemia del covid19 (2020-2021) y ahora crisis europea y violencia social (2023), y la economía sigue creciendo y los indicadores macroeconómicos son todavía buenos en relación a muchos otros países de la región; obviamente, estas cifras macroeconómicas no reflejan la situación del interior del país, ni la desigualdad existente, ni las tragedias personales de los desempleados, ni los altos niveles de corrupción de autoridades en la que está inmerso el país desde sus inicios como república. Situación, en verdad compleja por las diversas circunstancias por la que ha atravesado el país en los dos siglos de república.

El Perú, es un país minero. En el ranking mundial de producción de minera[2] ocupa el segundo lugar en el mundo en la producción de cobre, terceros en la producción de plata y zinc, cuartos en la producción de plomo y molibdeno…, sextos en la producción de estaño. Sin embargo, también es cierto que, los niveles de pobreza ofenden el sentido común: el promedio nacional de pobreza monetaria es superior a 26% (2020) y 45.7% (2020) en el sector rural. Asimismo, el costo básico de la canasta familiar de los pobres extremos es como máximo S/. 201 por mes (S/. 6.7 por día) y de los pobres no extremos de S/. 378 (S/. 12,6 por día), de modo que los No Pobres gozan de salarios diarios superiores a US$ 3.15 por día, es decir, a U$$ 0,394 por hora.

Esta realidad, ha implicado que los movimientos sociales se hayan activado en momentos tan críticos como los vividos en los últimos cuarenta años, con siete presidentes y todos ellos finalmente investigados por corrupción, incluyendo al último presidente (P. Castillo) . Esta situación de corrupción que no es ajena a los gobiernos subnacionales, siendo, por lo tanto, un gran problema no resuelto, que el país arrastra. Estudios sobre el particular señalan que el costo anual de la corrupción en el Perú oscila entre el 3,5% a 4.5% de PBI.

En este contexto de crisis institucional, es primordial que el gobierno de la presidente Boluarte pueda estructurar diálogos inclusivos con las organizaciones políticas más representativas a fin de asegurar la gobernabilidad necesaria que el país demanda. En esta perspectiva, la situación actual, podría ser una oportunidad para sentar las bases de un programa de empleo temporal complementario al Plan Punche Perú e intensivo en mano de obras a nivel de distritos y provincias en los sectores: agricultura, vivienda y construcción, pesca, industria, medio ambiente, etc.  lo que implicaría que las ayudas de gobierno sean una fuente creadora de riqueza y no solo de consumo.

[2] https://observatorio.osinergmin.gob.pe/peru-ranking-mundial

Mejoramiento y Apoyo Interinstitucional a los Gobiernos Sub Nacionales

El Ministerio de Economía, tiene una gran capacidad de convocatoria con los gobiernos subnacionales, no solo, porque es “ente rector” de siete sistemas administrativos del Estado, sino también, porque la ejecución de los proyectos inversión dependen en última instancia del sistema invierte.pe., y del presupuesto público.

Esta fortaleza, debería ser administrada en forma eficiente y oportuna a fin de evitar obras paralizadas y/o judicializadas[3]. Al respecto, la gestión de los proyectos públicos requiere una revisión en profundidad y además debe ser monitoreada desde una perspectiva propositiva con la solución de los problemas y en el destrabe de las obras públicas, hecho que posibilitaría impulsar la ejecución de las obras públicas hasta la liquidación contractual de las mismas.

Como es obvio, uno de los problemas fundamentales de la gestión de la inversión pública es la captación de profesionales con experiencia de campo a nivel de las UE y UF, donde la estructura de gestión de proyectos ha privilegiado profesionales no especializados en las áreas de ingeniería, privilegiando las áreas administrativas y legales[4]. Este hecho está ocasionando que las controversias de las entidades públicas con las empresas contratistas, por más mínimas que sean las controversias, terminen judicializándose y/o paralizando las obras.

[3] De acuerdo a la Contraloría General de la República, las obras paralizadas son 2,346 por un valor de S/.29,732 millones al 30/06/2022.

[4] Se entiende que los abogados son necesarios en los procesos judiciales y también en la gestión pública, sin embargo, los procesos de gestión de los proyectos (estudios, obras, supervisión de obras) son actividades que requieren especialización y principalmente soluciones técnicas específicas, para lo cual, es fundamental que las UF y la UE cuenten con profesionales con experiencia en el campo.

Mejorar la transparencia para impulsar la inversión pública

El Plan con Punche Perú, Eje 2 (Reactivación Regional) y Eje 3 (Reactivación Sectorial), es parte de la estrategia para impulsar la inversión pública y privada, con acompañamientos técnicos a los gobiernos regionales. Al respecto, se sugiere:

• Incorporar en las normas del sistema de inversión pública (invierte.pe) y en la ley de contrataciones del Estado, mecanismos que minimicen las “asimetrías de información entre principal y agente” a lo largo de todas las fases del sistema invierte.pe (programación de inversiones, identificación, formulación, evaluación, ejecución, funcionamiento y evaluación ex post) , lo que implicaría que los operadores públicos de todos los niveles compartan información a nivel de cada proceso, bajo protocolos de seguridad y transparencia.
• Revisar la ley de contrataciones del Estado (controversias y arbitrajes) a fin de propiciar soluciones técnicas – económicas por parte de especialistas independientes y evitar la judicialización (arbitraje) de los contratos. Los arbitrajes deberían ser un recurso extremo y solo si no se ha logrado una solución técnica optimizada para el proyecto. Al respecto, debería tenerse en cuenta el caso Odebrecht que tanto daño ha ocasionado al Perú y donde esta empresa ganó 254 millones de dólares en arbitrajes contra el Estado[5].
• Revisar las modalidades de contratos de gobierno a gobierno y si fuese el caso, aprovechar la experiencia positiva para impulsar cambios en la legislació nacional, de modo que se transfieran las tecnologías de gestión de proyectos y se potencien las capacidades internas del país[6].
• Facilitar el acompañamiento integral de la Contraloría General de la República en la formulación y ejecución de los contratos de gobierno a gobiernos en todos los casos en los que se involucre esta modalidad de ejecución obras (obras, supervisión de obras, estudios, expediente técnico y otros).
• Incluir en el Plan Punche Perú, un programa de empleo temporal intensivo en mano de obra en sectores previamente estudiados.

[5] La transferencia de tecnología es fundamental para el desarrollo del país y las instituciones públicas, empresas contratistas y los recursos humanos nacionales necesitan estar a la altura de los desarrollos tecnológicos;

[6] https://www.idl-reporteros.pe/tras-cuernos-palos/

Lima, 22 de enero 2023

Elmer A. Monteblanco Matos

emonteblanco@gmail.com

Referencias

[1] De forma excepcional y por única vez se otorgará una subvención adicional extraordinaria de S/ 200, S/ 250 y S/ 300, a favor de las personas pobres y/o pobres extremos, usuarias del Programa JUNTOS, PENSIÓN 65 y CONTIGO; Costo: S/ 400 millones; además del programa de Ollas Comunes S/. 100 millones para financiar 3355 ollas (S/. 29,806.25 por olla) y 224,000 beneficiarios (S/. 446.43 por beneficiario).

[2] https://observatorio.osinergmin.gob.pe/peru-ranking-mundial

[3] De acuerdo a la Contraloría General de la República, las obras paralizadas son 2,346 por un valor de S/.29,732 millones al 30/06/2022.

[4] En este contexto de responsabilidad, las Unidades Ejecutoras no están interesadas en evaluaciones expost independientes, lo cual genera a su vez importantes pérdidas de aprendizaje y la posibilidad de sistematización y capitalización de conocimientos que brinda la experiencia.  Las entidades públicas, generalmente no están orientadas a acumular conocimientos y sistematizarlas como enseñanzas para el futuro

[5] Se entiende que los abogados son necesarios en los procesos judiciales y también en la gestión pública, sin embargo, los procesos de gestión de los proyectos (estudios, obras, supervisión de obras) son actividades que requieren especialización y principalmente soluciones técnicas específicas, para lo cual, es fundamental que las UF y la UE cuenten con profesionales con experiencia en el campo.

[6] https://www.idl-reporteros.pe/tras-cuernos-palos/